Veinte años de impunidad incendiaria

2009-10-31T08:14:00.000-07:00

El Bierzo

Veinte años de impunidad incendiaria

Capeloso. Limite noroeste con Galicia, en marzo de este año.

Los incendios forestales son una lacra social con diverso origen e idéntico resultado: la desaparición temporal de un espacio natural, la pérdida de bienes materiales e inmuebles, y, en el peor de los casos, la muerte de personas que interviene directa o indirectamente en la lucha contra el fuego.

Recuerdo, ahora, al profesor Carlos Romero citar el mito de Sísifo como metáfora de la perdida de un bosque por incendio. Volver a empezar una y otra vez, como Sísifo portando su piedra ladera arriba. Eso es el Bierzo, quemar y empezar de cero y esperar cien años para contemplar un bosque, y verlo arder un año, y otro, tantas veces, que las palabras no llegan para describir la sensación de odio e impotencia que uno lleva dentro tras veinte años de trabajo y cien de soledad.

Hoy también recuerdo a las personas que se han dejado la vida apagando fuego, al amigo Fidel, de Veigueliña, especialmente, por compartir alguna campaña y a las 243 personas que han perdido la vida desde 1979 hasta 2007 en los incendios forestales de nuestro país. En este año 2009, que todavía no ha terminado, han perdido la vida 14 personas, 9 formaban parte de los operativos de extinción, las otras 5 eran ajenas a estos.

El personal de extinción

La precariedad de la contratación del personal de las cuadrillas y su desprecio, en general, por las administraciones públicas, es intolerable, como intolerable es la acción sindical neutra que en los últimos años no ha mejorado en absoluto la situación de los trabajadores del sector forestal.

La administración castellano-leonesa ha optado por un sistema de extinción “mixto” traspasando parte del operativo de extinción ha empresas privadas después de deshacerse de un personal fijo-discontinuo que en la mayoría de los casos opto por abandonar su puesto, visto el escaso tiempo de duración de la temporada de trabajo, no más de tres meses al año, y la indemnización ofrecida para forzar el mutuo acuerdo y evitar posibles demandas. De esta forma en los años 90 se aligeró la carga de personal fijo-discontinuo en el sector forestal público, en detrimento de la profesionalización y el empleo estable, aduciendo la enorme carga económica que suponía para las arcas públicas mantener el empleo ha un personal que podría haber asumido perfectamente la encomiable labor de cuidar nuestros bosques y poner en valor nuestros montes.

Nada más lejos de la realidad esta argumentación, máxime cuando todos hemos visto como ha aumentado el gasto destinado a personal de libre designación, altos cargos, y el número de estos y sus asesores, y como el presupuesto que antes se manejaba con la contratación pública medioambiental no es ahora menor con la contratación privada, que, dicho sea de paso, más bien parece una fiesta a la que siempre acuden los mismos invitados a la hora de repartir el pastel, que una mesa de contratación seria y objetiva.

Vehículo de una cuadrilla privada contratada por la Junta.Modelo con tres puertas, no apto para el transporte de personal. Marzo de 2009, en Capeloso.

Las empresas forestales que participan en la extinción con cuadrillas reten, firman contratos para la realización de tareas culturales en pleno verano. Estas se ven obligadas a exigir un alto rendimiento diario a sus empleados para alcanzar los objetivos del contrato. Los trabajadores en ocasiones pueden acudir a un incendio después de varias horas de trabajo a pleno sol, lo que redunda en una merma de la capacidad física, imprescindible en una actuación de alto riesgo como es un incendio forestal. A día de hoy esto solo puede calificarse como tiránico y despótico, mayormente cuando hay comunidades autónomas como la de Cataluña o la de Madrid donde los incendios son apagados por personal especializado, o sea, bomberos, dedicados única y exclusivamente a la atención de emergencias, con una preparación física y técnica de alto nivel, como es normal en una sociedad moderna y desarrollada. Por contra, en Castilla-león parece que les preocupa más sacarle la piel al personal que la seguridad de este, propio esto de tiempos pretéritos, sociedades arcaicas y políticos con mucha cara.

Los incendios y sus causas

La evolución de los incendios en España en los últimos decenios es muy diversa, propia de un país con grandes diferencias. La investigación de las causas de incendios esta permitiendo, donde se lleva a cabo, conocer con exactitud lo que a priori se sospechaba. La mayoría de las comunidades autónomas han creado unidades de investigación con el fin de obtener las pruebas científicas necesarias conducentes a poner en manos de los tribunales de justicia a los presuntos delincuentes. Castilla y León no se distingue precisamente por hacer un esfuerzo en esta labor. La creación de una unidad de estas características por provincia es, por decirlo suavemente, ridículo, y siendo serios, una tomadura de pelo. La contratación de un servicio especializado de investigación de las causas de los incendios forestales como asistencia técnica en esta comunidad autónoma a la empresa EURAL (Europa Agroforestal S.L.) por un importe, en octubre de 2007, de 1.492.956 euros es, cuando menos, sospechoso, ya que a día de hoy un porcentaje elevado del colectivo de Agentes Medioambientales esta facultado para realizar las labores de investigación necesarias para el esclarecimiento de las causas de los incendios forestales.

La utilización de empresas privadas en la investigación de presuntos ilícitos penales, como es el caso de los incendios forestales, art. 352 del Código Penal, en lugar de los medios propios, agentes de la administración, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, es una absoluta vergüenza. La deriva, en esta y otras comunidades autónomas, de un servicio que, por su naturaleza, ha de ser público, a entes privados, plantea problemas muy graves e incertidumbre en cuanto a cuestiones básicas en una investigación sobre un presunto delito penal, como la independencia, la correcta instrucción de las diligencias, la custodia de pruebas, etc. y pone de manifiesto el desinterés de la administración, más empeñada en escurrir el bulto con cortinas de humo que en perseguir a los delincuentes.

La lista de causas de incendio no deja de crecer y son de lo más dispar. No obstante, las causas de incendio se clasifican en dos grandes grupos, las estructurales, que son las que dependen de factores intrínsicos del propio medio natural, y las inmediatas, que son aquellas derivadas de los comportamientos antrópicos o agentes naturales.

En el año 2008 se produjeron en la provincia de León 475 incendios con superficie afectada mayor de una hectárea, 147 más que en el 2006. La superficie afectada en 2008 en la provincia, fue de 5116 hectáreas, muy similar a la del 2006. Bastan estos datos para ver que no existe variación. La pregunta es ¿se han investigado todos y cada uno de los siniestros? La respuesta es, NO. Solo nueve detenidos en Castilla y León en el año 2009, año en el que también se han incrementado los incendios. A principios de septiembre se habían registrado ya 580 incendios más que en el 2008 y se había quemado ya tres veces más de superficie forestal que el año anterior. Insisto, solo nueve detenidos con 2085 incendios encima de la mesa.

En nuestra comunidad, y en el Bierzo en particular, las causas antrópicas, es decir las vinculadas al comportamiento del hombre, son las responsables del noventa por ciento de los siniestros. El estudio de la base de datos generada a través de la investigación tiene que contribuir, en un futuro próximo, a una gestión más eficaz de las áreas afectadas y por extensión a la persecución del delincuente que, repetidamente, actúa con total impunidad, de aquí la importancia absoluta de investigar siempre.

La gestión forestal y territorial

Invasión, por repoblación forestal con coníferas, de un área de regeneración natural de Q. Petraea. Busmaior, 2009.

La gestión forestal desarrollada a partir de los años cuarenta con la constitución del Patrimonio Forestal del Estado y su ambicioso plan de repoblar nueve millones de hectáreas, ha conformado una cubierta forestal pirófita basada en un exceso de coníferas. No será hasta la década de los noventa, con la política agraria de la Unión Europea, cuando se vuelvan a acometer repoblaciones importantes. Una vez más se prima la obtención de maderas destinadas a la industria de trituración, pino y eucalipto, en detrimento de una selvicultura orientada a las maderas de calidad y al uso sostenible del monte. Actualmente la situación de la mayoría de estas repoblaciones, trascurridos los cinco años de mantenimiento subvencionado, es de abandono. La falta de presupuesto para la realización de las labores selvicolas genera un monte donde la continuidad vertical y horizontal del matorral hace difícil moverse por él, multiplicando la velocidad de propagación del fuego. Esto no es precisamente hacer prevención.

Por el contrario no se ha potenciado la repoblación con especies de frondosas, de manera diversificada, en mosaicos, de forma que favorezcan el efecto barrera generando áreas cortafuegos naturales.

La ordenación forestal, herramienta eficaz e imprescindible en la gestión forestal, es insuficiente, solo el 16 por ciento de los montes españoles cuenta con un instrumento de planificación, y, donde se aplica, la falta de recursos, unida a la escasa entidad de los predios forestales hace que los planes se desarrollen con lentitud, generalmente al margen del propio proyecto de planificación.

Los sempiternos problemas derivados de la propiedad, limites y aprovechamientos múltiples, no regulados convenientemente o mal adaptados a los tiempos actuales, siguen siendo una fuente de problemas a los que los políticos de turno no suelen asomarse dada la más que probable impopularidad de su resolución. Mejor parchear.

La actividad cinegética y el cambio de las especies cazables, asociadas a la evolución de los montes y de los cultivos agrarios, y la sofisticación de las armas, ha redundado en una mayor competitividad entre las distintas cuadrillas de los cotos de caza. La constitución de las reservas nacionales de caza y su gestión, organizada entorno a la venta de la caza por parte de las juntas vecinales o los propios vecinos, ha devenido en rivalidad e intereses por sujetar las piezas cazables de un lado u otro del monte, en detrimento del sentido originario de las mismas, concebidas como un refugio para la mejora de las distintas especies.

La perdida de la población rural y en consecuencia de una forma de vida ligada al medio natural, ha generado el abandono de predios y con ello el acumulo de una ingente cantidad de biomasa que no ha sido gestionada. La incidencia directa es una mayor dificultad a la hora de encarar la extinción del incendio, que en términos generales han aumentado en superficie al arder con mayor virulencia y hacerse grande más rápido.

En resumen

La Junta de Castilla y León trata el incendio forestal como un accidente. ¿Craso error, o intencionado matiz? La gestión del incendio como accidente puede diluir su responsabilidad, ya que un accidente se produce por causas ajenas a la gestión medioambiental, es decir, no se sitúa como parte del mismo, sino como un ente que facilita ayuda en caso de siniestro. Pero ¿En quien recae la tutela de los montes y los bienes medioambientales? ¿Quien cobra licencias y otorga permisos? Y sobre todo ¿Quién gestiona el presupuesto público?

La junta de Castilla y León mantiene un operativo de extinción arcaico y obsoleto, escatimando dinero en personal de tierra, contratado a través de empresas privadas que escatiman a su vez a los trabajadores para poder obtener rentabilidad y cumplir los objetivos del contrato.

La junta de Castilla y León destina insuficientes recursos a la prevención a lo largo del año para luego gastárselo en helicópteros y aviones propiedad de empresas del sector aeronáutico.

La Junta de Castilla y León con su política de incendios no hace más que alimentar el negocio de la extinción, un suculento pastel al que, como se expuso antes, suelen aparecer los mismos invitados a la hora del reparto. En prueba de esto sirva el dato que aporta la propia administración en palabras de su portavoz José A. de Santiago Juárez “en lo que va de año se han registrado 2.085 incendios en Castilla y León, el 46% más que en el promedio de los años 1999-2008 y el 39% más que en el 2008, cuando se registraron 1.504 incendios”. ¿Más incendios, más dinero?

Los insuficientes recursos destinados a la investigación y la actitud chulesca con la que se encara este asunto diciendo que la junta de Castilla y León conoce bien las causas de los incendios, incluso a los incendiarios, pone en evidencia, a la vista de los resultados, solo 9 detenidos con 2085 incendios, la pasividad de la administración autónoma a la hora de velar por uno de los derechos constitucionales, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo.

Queda mucho por hacer.

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